La Corte Constitucional reitera su orden para que los toros regresen a la emblemática plaza y señala al Distrito de incumplir su sentencia que protege los espectáculos taurinos en la ciudad como un derecho a la libre expresión artística
Redacción: SALLY PALOMINO – elpais.com
La Alcaldía de Bogotá maniobró para evitar que en la ciudad se realizaran corridas de toros. Logró pasar por encima de las decisiones judiciales y suspender durante dos años la temporada taurina de la Santamaría. La Corte Constitucional señala que la Administración local violó el derecho a la libre expresión artística e incumplió una sentencia de ese tribunal que protege las actividades taurinas en sus condiciones tradicionales.
Los tres magistrados que firman la sentencia, el ponente Alejandro Linares y sus compañeros Paola Meneses y Antonio José Lizarazo, se han pronunciado decididamente sobre un tema al que el Congreso apenas se asoma. Contrario a la que parece ser la posición más fuerte en el Parlamento, donde avanza una propuesta para prohibir las corridas de toros, en la Corte Constitucional los taurinos encuentran respaldo. Desde 2005, el tribunal ha sostenido una jurisprudencia en la que reconoce la tauromaquia como una expresión artística del ser humano.
La Corte Constitucional ha determinado que la Alcaldía actuó contrario a una sentencia de 2013, al menos en dos momentos. Cuando una de sus entidades, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), pretendió licitar un contrato para la temporada taurina 2022 de Bogotá, en unos términos que eliminaban las características tradicionales de la tauromaquia, como el uso de las banderillas y la muerte del toro. “Al prohibirse la utilización de banderillas, estoques, arpones, espadas, picas, dagas y puyas, el IDRD está concediendo el espacio que debería estar reservado para la práctica del espectáculo taurino para la realización otra actividad sustancialmente distinta”, dice la Corte. Los magistrados han señalado que “lejos de desarrollar los mandatos de ese tribunal, el procedimiento contractual se organizó para impedir su cumplimiento y frustrar el restablecimiento de los derechos fundamentales”.
La Administración local, en cabeza de Claudia López, también jugó con los tiempos para que fuera imposible otorgar la licitación para los toros de la Santamaría. “Se contrarió los principios de planeación, economía y transparencia de contratación pública y la función administrativa, al pretender que el promotor del evento vendiera más de 10.000 boletas en tan solo cuatro semanas y atravesando la época de festividades”, señala el auto de la Corte. La Corporación Taurina de Bogotá, que llevó el caso al tribunal, sostiene que los plazos previstos “hacían imposible para cualquier empresario presentarse al proceso de selección”. Cuando se supo que por segundo año no habría corridas de todos en Bogotá, la Alcaldía dijo que el proceso se declaraba desierto porque no habían recibido ofertas.
Los magistrados le dan la razón a los taurinos: “Los plazos establecidos no habrían permitido a los interesados presentar una oferta cumplible bajo la cual fuera posible realizar la temporada taurina en Bogotá. Solo hasta el 20 de enero de 2022 se tendría conocimiento del oferente que hubiera resultado adjudicatario del contrato, momento a partir del cual debería adelantar, entre otras, las respectivas negociaciones con los toreros y ganaderías para la definición de los carteles, organizar la logística del evento bajo las condiciones particulares fijadas en el proceso, obtener los patrocinios requeridos y vender la boletería de la temporada taurina”. Parecía imposible que las corridas de toros volvieran a Bogotá.
Los empresarios dicen que los costos del proceso también hicieron difícil participar. Tenían que pagar un 20% al IDRD sobre cualquier ingreso y se les impusieron restricciones de publicidad. “Las condiciones establecidas son tendientes a dilatar, con condiciones que son completamente inconstitucionales, y además, imposibles de cumplir”, señaló la Corporación Taurina de Bogotá a los magistrados.
CORTESÍA
La próxima palabra sobre las corridas de toros en Colombia la tiene el Congreso, donde debaten su prohibición. “La decisión de la Corte Constitucional de ordenar el regreso de las corridas a la Santamaría es dura, pero fortalece la lucha de quienes estamos convencidos de que los animales tienen pleno derecho a vivir sin tortura”, ha dicho la senadora animalista Andrea Padilla, que confía en que el Congreso logre, por primera vez, una ley que prohíba las actividades taurinas en Colombia.
