Reflexión: Tauromaquia Frente al Poder

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El comunicado de la Presidencia de la República del 20 de noviembre, mediante el cual el Gobierno de Abelardo de la Espriella desautorizó el borrador de decreto que pretendía modificar las condiciones de los espectáculos taurinos, deja una discusión que va mucho más allá de la continuidad de las corridas. Lo ocurrido pone sobre la mesa la seguridad jurídica, la responsabilidad institucional, el respeto por las tradiciones y el derecho de una sociedad a exigir que las decisiones públicas se fundamenten en argumentos, no en posiciones ideológicas. La controversia merece una reflexión que no se limite a celebrar una expectativa ni a lamentar un revés: exige examinar la relación entre el poder, la ley y la libertad cultural.

Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora – www.enelcallejon.co/ – Web Aliada

Arbeláez – Colombia. Lo ocurrido en las últimas horas en Colombia ha vuelto a poner la tauromaquia en el centro de una discusión que trasciende los ruedos y alcanza los despachos del poder. La aparición de un proyecto de decreto que abría la posibilidad de revisar algunas de las restricciones impuestas a la actividad taurina, seguida de su abrupto retiro por decisión de la Presidencia de la República, ha dejado interrogantes sobre la coherencia institucional, el alcance de las decisiones ministeriales y el verdadero espacio que tiene la libertad cultural dentro del Estado de derecho. No estamos únicamente ante un episodio administrativo ni ante una diferencia de criterios dentro del Gobierno; estamos frente a una controversia que obliga a preguntarse hasta dónde puede llegar el poder político cuando interpreta, reglamenta o condiciona una tradición cuya discusión jurídica y cultural sigue despertando profundas diferencias en la sociedad colombiana.

EL EPISODIO QUE SACUDIÓ EL DEBATE TAURINO

Lo sucedido tiene una secuencia que conviene reconstruir. El 19 de noviembre de 2026 se conoció un proyecto de decreto elaborado por los ministerios de las Culturas y de Ambiente, que pretendía modificar diez artículos del Decreto 0703 de 2026, expedido para regular los espectáculos taurinos durante el periodo de transición establecido por la legislación colombiana.

El borrador contemplaba cambios de enorme trascendencia para la actividad taurina: recuperar el uso de puyas, banderillas y estoques bajo determinadas condiciones; modificar las restricciones de ingreso de menores de edad a las plazas; permitir la participación de adolescentes desde los 14 años en las cuadrillas y revisar las competencias de los veterinarios respecto de la continuidad de la lidia cuando un toro presentara lesiones graves o sufrimiento extremo. También proponía modificar los criterios para acreditar la tradición taurina de los municipios y regular las tientas.

Para el mundo del toro, aquello representaba la posibilidad de corregir unas disposiciones que, a juicio de quienes defienden la tauromaquia, habían restringido considerablemente el desarrollo de los festejos durante el periodo de transición. No se trataba de una derogación de la Ley 2385 de 2024, sino de una discusión sobre el alcance de su reglamentación y las condiciones en las que podían desarrollarse los espectáculos antes de la entrada en vigor de la prohibición.

Sin embargo, apenas un día después, el 20 de noviembre, la Presidencia publicó un comunicado que cambió por completo el escenario. El Gobierno manifestó que el borrador no correspondía a una decisión presidencial, que había sido divulgado prematuramente y que, por tanto, quedaba retirado de la plataforma de consulta ciudadana y no continuaría su trámite.

La Casa de Nariño fue más allá: reiteró que no existía una decisión presidencial encaminada a recuperar las corridas de toros y sostuvo que la protección animal sería una prioridad de su administración.

La pregunta que queda en el aire no es solamente por qué se retiró el proyecto, sino cómo pudo llegar a la consulta pública una iniciativa de semejante alcance sin contar, según la propia Presidencia, con las revisiones y coordinaciones institucionales necesarias.

UNA CARTA MINISTERIAL QUE ADQUIERE OTRA DIMENSIÓN

Hay otro elemento que no puede separarse de este episodio: la comunicación que el presidente Abelardo de la Espriella envió a sus ministros el 19 de noviembre.

Según la información publicada por la prensa nacional, la misiva contenía instrucciones políticas sobre la manera de ejercer el gobierno. El mandatario reclamaba mayor coherencia con el mandato electoral, pedía a sus funcionarios apartarse de las prácticas tradicionales de la política y advertía sobre la responsabilidad de corregir inmediatamente los errores, sin defender decisiones equivocadas ni permitir que intereses particulares condicionaran la gestión pública.

Aunque la carta no constituye, por lo publicado, una instrucción específica sobre la tauromaquia, su contenido adquiere especial relevancia al coincidir con la controversia del borrador taurino.

Si el presidente exige a sus ministros actuar con determinación, independencia y coherencia, esos principios también deben aplicarse a las decisiones que afectan a sectores culturales, económicos y sociales con posiciones distintas a las del Gobierno.

La coherencia institucional no puede depender de si una propuesta resulta popular o impopular, ni de si sus promotores coinciden o no con la orientación política del gobernante. Debe depender de su fundamento jurídico, de la competencia de quienes la elaboran, de la transparencia del procedimiento y de la calidad de los argumentos que la respaldan.

Aquí aparece una contradicción que merece ser examinada: si el borrador era jurídicamente inviable, correspondía explicar con precisión sus defectos. Si estaba incompleto, correspondía identificar las revisiones pendientes. Y si existían objeciones de fondo, correspondía exponerlas mediante argumentos técnicos y jurídicos.

Retirarlo puede ser una decisión administrativa legítima. Lo que no debería desaparecer con el documento es la obligación de explicar públicamente qué ocurrió, quién tomó las decisiones y cuáles fueron los fundamentos de la actuación gubernamental.

MONTESQUIEU Y EL PELIGRO DE CONFUNDIR LEGALIDAD CON JUSTICIA

Hay una reflexión atribuida a Montesquieu que encaja en el centro de esta controversia: “La injusticia más peligrosa es la que se disfraza de ley, porque cuando el poder la firma, la verdad queda sin defensa”.

Conviene hacer una precisión: no he encontrado una fuente primaria fiable que permita certificar que estas palabras sean una cita textual del filósofo francés. Sin embargo, la idea sí conecta con una de sus principales preocupaciones: la necesidad de limitar el poder para impedir que la autoridad termine convirtiéndose en instrumento de arbitrariedad.

Aplicada al debate taurino, esta reflexión obliga a mirar más allá de las preferencias personales. Una ley no se vuelve justa simplemente porque haya sido aprobada, ni una reglamentación resulta legítima por llevar la firma de un funcionario. Su aplicación debe respetar la Constitución, los procedimientos establecidos, la distribución de competencias y los derechos que el ordenamiento reconoce.

Pero este razonamiento también debe aplicarse en sentido contrario: defender una tradición no significa desconocer las leyes vigentes ni pretender que la administración pública actúe al margen de ellas.

La justicia exige que las normas se interpreten con rigor, que las autoridades no excedan sus competencias y que ninguna posición ideológica sustituya la argumentación jurídica.

La tauromaquia merece ser discutida en ese terreno. No necesita privilegios, pero tampoco merece ser tratada como una actividad carente de historia, contenido cultural y dimensión económica.

EL VERDADERO PROBLEMA: ¿REGLAMENTAR O HACER IMPOSIBLE?

Uno de los aspectos más importantes del borrador retirado tiene que ver con la diferencia entre reglamentar una actividad y establecer condiciones que, en la práctica, pueden impedir su realización antes de la fecha fijada por el legislador.

La Ley 2385 de 2024, conocida como No Más Olé, estableció la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas después de un periodo de transición de tres años. Por consiguiente, la prohibición entrará en vigor el 22 de julio de 2027.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-374 de 2025, examinó la constitucionalidad de esa legislación y avaló la prohibición. Durante el periodo de transición, las actividades taurinas quedaron sujetas a las condiciones legales correspondientes.

El borrador de noviembre partía precisamente de una discusión jurídica: si el reglamento vigente había establecido restricciones que, en la práctica, anticipaban los efectos de una prohibición cuya fecha había sido determinada por el Congreso.

Este argumento no puede despacharse simplemente como una maniobra de los taurinos para recuperar privilegios. Tampoco puede asumirse automáticamente que los ministerios tenían razón. Es una controversia que exige confrontar el texto de la ley, la sentencia constitucional, el alcance de la potestad reglamentaria y las medidas de protección animal.

Un reglamento no puede modificar una ley, pero tampoco debería desnaturalizar el periodo de transición que el legislador estableció. Esa es una discusión jurídica legítima y merece una respuesta jurídica, no una descalificación política.

La cuestión de fondo es si las autoridades pueden establecer requisitos tan restrictivos que terminen haciendo impracticable una actividad que el propio ordenamiento todavía permite temporalmente. Y esa pregunta no pierde importancia porque el Gobierno haya decidido retirar el proyecto.

LA TAUROMAQUIA NO SE REDUCE A UN INSTRUMENTO DE LIDIA

Desde la perspectiva taurina, sería un error reducir toda esta discusión al regreso de las puyas, las banderillas o el estoque.

La tauromaquia comprende una estructura cultural y productiva que incluye la selección genética del toro bravo, la conservación de encastes, la crianza en dehesas y ganaderías, el conocimiento del comportamiento del animal, la preparación de los profesionales, la técnica del toreo y la organización de los festejos.

En el campo se encuentra una parte fundamental de esa realidad. La ganadería brava requiere conocimientos específicos sobre alimentación, reproducción, sanidad, selección, manejo y conservación de los ecosistemas donde se desarrolla. El toro bravo no aparece de manera espontánea en una plaza: es el resultado de años de trabajo ganadero y de decisiones de selección que buscan preservar determinadas características morfológicas y de comportamiento.

En la plaza, la lidia representa un conjunto de conocimientos técnicos. El matador debe interpretar las condiciones de la res, valorar su movilidad, sus querencias, su recorrido, su embestida y su capacidad de repetir. La faena exige dominio del espacio, colocación, temple, mando y conocimiento de los terrenos.

El tercio de varas, las banderillas y la suerte suprema forman parte de una estructura tradicional que no puede analizarse únicamente desde su materialidad. Su significado técnico e histórico está integrado en la evolución de la lidia.

Esto no significa que la tradición sea inmune al debate sobre el bienestar animal. Significa que cualquier discusión seria debe conocer aquello que pretende regular y comprender las consecuencias que sus decisiones tienen sobre toda una actividad.

Cuando se modifica una disposición sobre la lidia, también pueden verse afectados los ganaderos, los profesionales, los empresarios, los trabajadores de las plazas, los proveedores y las comunidades vinculadas a las temporadas taurinas.

La defensa de la tauromaquia necesita argumentos sólidos sobre esa realidad. La descalificación automática de sus detractores no ayuda, como tampoco ayuda desconocer los argumentos de quienes defienden la protección animal.

EL GOBIERNO TIENE UNA RESPONSABILIDAD QUE VA MÁS ALLÁ DEL COMUNICADO

El pronunciamiento presidencial deja una posición política inequívoca: la administración no pretende promover el regreso de las corridas y considera prioritaria la protección animal.

Esa posición debe ser conocida y respetada como expresión de la orientación del Ejecutivo. Pero también debe quedar claro que gobernar no consiste únicamente en comunicar una postura.

Gobernar significa garantizar que los ministerios actúen de manera coordinada, que los proyectos normativos tengan sustento, que las consultas públicas sean serias y que los ciudadanos puedan conocer y controvertir las decisiones que los afectan.

El retiro del borrador resuelve su continuidad administrativa, pero no responde por sí mismo a las inquietudes jurídicas que motivaron su elaboración.

Si los ministerios encontraron problemas en el Decreto 0703 de 2026, sus observaciones merecen un análisis. Si el borrador excedía sus competencias o contenía disposiciones contrarias al ordenamiento, también deben explicarse las razones.

La transparencia no consiste en retirar lo que genera controversia, sino en permitir que la ciudadanía conozca por qué se tomó una decisión y cuáles son sus consecuencias.

Y aquí la carta del presidente a sus ministros adquiere un significado adicional: la exigencia de corregir errores debe traducirse en procedimientos institucionales que permitan identificar responsabilidades, aprender de lo ocurrido y evitar que situaciones similares se repitan.

La administración pública no puede funcionar a partir de borradores que aparecen y desaparecen sin una explicación suficiente. Tampoco puede convertir cada discrepancia interna en un asunto de obediencia personal. La institucionalidad está por encima de las susceptibilidades de los funcionarios.

UNA TRADICIÓN NO SE DEFIENDE ÚNICAMENTE DESDE LA BARRERA

El sector taurino colombiano también tiene una responsabilidad. No basta con reaccionar ante cada comunicado, cada declaración o cada disposición administrativa. La defensa de la tauromaquia requiere organización, investigación, pedagogía y participación jurídica.

Es necesario documentar el impacto de la actividad sobre el empleo rural, la economía de las ganaderías, la conservación de los ecosistemas y el patrimonio cultural. También es indispensable fortalecer la formación de nuevos públicos, promover el conocimiento de la historia taurina y abrir espacios de discusión donde las diferencias puedan expresarse sin descalificaciones.

Los ganaderos deben hacer visible su trabajo. Los profesionales tienen que explicar la técnica de la lidia. Los empresarios deben asumir su responsabilidad en la organización de los festejos y en el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Los aficionados, por su parte, necesitan comprender que la defensa de una afición también exige conocimiento y argumentos.

La tauromaquia no puede depender exclusivamente de la voluntad de un gobernante, de la simpatía de un ministro o de la coyuntura de una temporada. Su discusión debe situarse en el terreno de las instituciones, los derechos, la cultura y el ordenamiento jurídico.

Tampoco puede desconocer que la Ley 2385 de 2024 está vigente y que su prohibición tiene una fecha establecida. Cualquier estrategia de defensa debe desarrollarse dentro de los mecanismos constitucionales y legales disponibles.

LA ÚLTIMA PALABRA NO DEBE SER EL SILENCIO

Lo sucedido entre el 19 y el 20 de noviembre deja una lección para todos los sectores involucrados.

Para el Gobierno, que las decisiones administrativas deben tener respaldo institucional antes de hacerse públicas y que retirar un proyecto no elimina la obligación de explicar sus fundamentos.

Para los defensores de los animales, que la protección animal debe sustentarse en normas coherentes, procedimientos transparentes y argumentos verificables.

Para el mundo taurino, que no puede confundir una expectativa de cambio reglamentario con una victoria definitiva, ni una decisión presidencial adversa con el agotamiento de todos los mecanismos de discusión jurídica.

Y para la sociedad colombiana, que las diferencias culturales no deben resolverse mediante la descalificación de quienes piensan distinto.

En una democracia, el poder ejecutivo tiene facultades para orientar las políticas públicas, pero esas facultades no lo eximen de justificar sus actuaciones. Los ministros tienen el deber de cumplir la ley, pero también el de advertir cuando una disposición puede presentar problemas jurídicos. Y los ciudadanos tienen derecho a exigir explicaciones, incluso cuando sus posiciones no coincidan con las del Gobierno.

La verdadera fortaleza de una democracia no se mide por la facilidad con la que un presidente retira un documento, sino por la calidad jurídica, la transparencia y la responsabilidad con las que se construyen las decisiones que afectan a sus ciudadanos.

La tauromaquia colombiana atraviesa un momento determinante. La discusión no se limita a una temporada, a una plaza o a un decreto. Está en juego la manera en que el país entiende sus tradiciones, administra sus diferencias y establece los límites entre la voluntad política y el Estado de derecho.

Quizá por eso la reflexión atribuida a Montesquieu conserva tanta fuerza: cuando la ley deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en una herramienta de imposición, la sociedad pierde algo más importante que una controversia particular: pierde la confianza en sus instituciones.

Que el debate taurino se resuelva con argumentos, que las decisiones se sometan al derecho y que ninguna tradición ni ninguna causa se utilice como excusa para desconocer las garantías de los demás.

Porque una democracia no demuestra su grandeza cuando todos piensan igual, sino cuando es capaz de escuchar, debatir y decidir sin sacrificar la justicia en nombre del poder.

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