La demanda presentada por el Dr. Felipe Negret Mosquera contra varios artículos del Decreto 0703 de 2026 ya fue admitida. La atención se centra ahora en una posible decisión sobre la suspensión provisional de algunas de sus disposiciones, un pronunciamiento que podría conocerse próximamente, aunque no existe una fecha oficial anunciada.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora – www.enelcallejon.co/ – Web Aliada
Arbeláez – Colombia. La tauromaquia colombiana tiene abierta una discusión que va más allá de las plazas de toros. Se trata de una controversia jurídica sobre los límites del Gobierno para reglamentar una actividad que el Congreso de la República permitió desarrollar durante un periodo de transición antes de su prohibición definitiva.
El asunto está en manos del Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, a raíz de la demanda presentada por el doctor Felipe Negret Mosquera contra varios apartes del Decreto 0703 del 7 de julio de 2026.
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
El 28 de agosto de 2026, el Consejo de Estado admitió formalmente la demanda. Esto significa que encontró cumplidos los requisitos iniciales para estudiar el caso. No significa que haya declarado ilegal el decreto ni que haya respaldado las pretensiones del demandante.
En esa misma fecha, la magistrada ponente, Nubia Margoth Peña Garzón, ordenó trasladar al Gobierno Nacional, por cinco días, la solicitud de suspensión provisional presentada por el demandante, para que expusiera sus argumentos. Esta actuación tiene especial importancia porque la suspensión provisional permitiría dejar temporalmente sin efectos las disposiciones cuestionadas mientras se estudia su legalidad.
Es importante aclarar que, con la información pública consultada para esta nota, no se cuenta con una providencia posterior que permita confirmar el resultado de esa solicitud. Por eso, existe expectativa frente a un posible pronunciamiento, pero no puede anunciarse como una decisión inminente ni anticiparse su contenido.
¿QUÉ ESTÁ CUESTIONANDO EL DR. FELIPE NEGRET?
La demanda no pretende, mediante este proceso, eliminar la Ley 2385 de 2024, conocida como Ley No Más Olé. Lo que busca es que la justicia administrativa determine si el Gobierno se excedió al establecer determinadas condiciones para la realización de actividades taurinas durante el periodo de transición.
Los apartes demandados se refieren a siete asuntos:
- La exigencia de acreditar una tradición taurina regular e ininterrumpida desde 2010.
- Las restricciones sobre determinados elementos utilizados con los animales.
- Las condiciones para la realización de tientas.
- La prohibición de participación de menores de edad.
- La prohibición de ingreso de menores a las plazas.
- Las condiciones de intervención de las veedurías ciudadanas.
- El acompañamiento policial a quienes ejercen esa vigilancia.
En palabras sencillas, la discusión consiste en establecer si el Gobierno se limitó a desarrollar las condiciones de protección animal que ordenó la ley o si, mediante el decreto, introdujo restricciones que exceden sus facultades y que correspondía establecer al Congreso.
UNA PREGUNTA FUNDAMENTAL: ¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO?
La Constitución le permite al presidente reglamentar las leyes para facilitar su cumplimiento. Sin embargo, esa facultad tiene límites: un decreto no puede cambiar una ley, agregar prohibiciones que alteren su contenido ni reemplazar las decisiones que corresponden al Congreso.
Por otro lado, el Estado también tiene el deber constitucional de proteger a los animales y evitarles sufrimientos injustificados. Por eso, el Gobierno puede defender las medidas adoptadas argumentando que buscan garantizar mejores condiciones de bienestar animal durante el periodo de transición.
Ambas posiciones tienen argumentos jurídicos que deberán ser examinados por los magistrados. No se trata, entonces, de que una de las partes tenga automáticamente la razón, sino de establecer si cada disposición respeta las normas superiores.
¿QUÉ PODRÍA DECIDIR EL CONSEJO DE ESTADO?
Por ahora, hay que distinguir dos decisiones. La primera es la suspensión provisional. Si se concede, algunas de las disposiciones demandadas dejarían temporalmente de aplicarse mientras continúa el proceso. Si se niega, seguirían vigentes durante el trámite judicial, sin que eso signifique que hayan sido declaradas legales definitivamente.
La segunda es la sentencia de fondo, mediante la cual el Consejo de Estado determinará si las normas cuestionadas deben mantenerse o si procede declarar su nulidad, total o parcial respecto de lo demandado. Una eventual nulidad de algunos artículos tampoco eliminaría automáticamente la Ley 2385 ni significaría que la tauromaquia quedaría libre de controles.
EL CALENDARIO LEGAL TAMBIÉN CUENTA
La Ley 2385 de 2024 estableció un periodo de transición de tres años desde su entrada en vigencia. Cumplido ese plazo, el 22 de julio de 2027, comenzará a operar la prohibición de las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, en los términos de la ley.
Esto explica la importancia de la discusión actual. Una decisión sobre la suspensión provisional podría tener efectos prácticos durante los meses que restan del periodo transitorio.
También debe recordarse que la Corte Constitucional ya examinó la Ley 2385 en la Sentencia C-374 de 2025. Por tanto, la controversia que ahora estudia el Consejo de Estado tiene un objeto diferente: la legalidad de determinadas disposiciones reglamentarias expedidas por el Gobierno.
EXPECTATIVA, PERO SIN ANTICIPAR RESULTADOS
Los aficionados, profesionales, empresarios, ganaderos y demás personas vinculadas a la actividad taurina siguen con atención el desarrollo del expediente. También lo hacen quienes, desde posiciones contrarias a la tauromaquia, consideran que deben mantenerse las medidas de protección animal establecidas por el Gobierno.
Para unos y otros, es importante entender que una decisión judicial no debe interpretarse como una victoria anticipada de un sector ni como una derrota del otro. Su alcance dependerá de los fundamentos jurídicos que expongan los magistrados.
La expectativa está puesta en que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la medida cautelar en un futuro próximo. Sin embargo, no existe un plazo que permita asegurar que la decisión se conocerá en los próximos días. Lo que está en juego es una cuestión de legalidad y respeto por las competencias de las instituciones: hasta dónde puede llegar el Gobierno cuando reglamenta una ley y cuáles son los límites que debe observar.
Por ahora, corresponde esperar la decisión de la justicia, respetar el proceso y evitar convertir las expectativas en noticias que todavía no han ocurrido. La última palabra sobre la legalidad de las disposiciones demandadas la tendrá el Consejo de Estado, no las interpretaciones anticipadas de ninguna de las partes.






















