La Feria Taurina de Cali atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. En la emisión del sábado 21 de noviembre del programa Clarín, de Radio Nacional de España, el matador Luis Bolívar no anunció oficialmente la cancelación de la temporada por parte de Toro Vive y señaló que la decisión se adoptaría en la semana siguiente. Sin embargo, las informaciones publicadas posteriormente han vuelto más incierto el panorama. En medio de la controversia jurídica, la postura gubernamental y las consecuencias económicas que afronta Cali tras el terremoto de agosto, Cañaveralejo representa mucho más que una plaza: es historia, tradición y una actividad que involucra a numerosos sectores de la sociedad.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora – www.enelcallejon.co/ – Web Aliada
Arbeláez- Colombia. La situación de la tauromaquia en Colombia atraviesa horas de incertidumbre. Lo que inicialmente parecía un anuncio definitivo sobre el futuro de la Feria Taurina de Cali ha dado paso a nuevas precisiones, informaciones contrapuestas y preguntas que todavía esperan respuesta. En medio de este panorama, la voz de los protagonistas, el rigor de las fuentes y el respeto por los tiempos de las decisiones jurídicas y empresariales resultan indispensables. Cañaveralejo no puede quedar sentenciada por anticipado: su futuro merece claridad, transparencia y una discusión que reconozca el peso histórico, cultural y económico de la tauromaquia en Colombia.
UNA CONVERSACIÓN RADIAL QUE MERECE SER ESCUCHADA
La incertidumbre que rodea a la Feria Taurina de Cali ha provocado preocupación entre los aficionados, los profesionales del toreo, los ganaderos y todos aquellos que encuentran en la plaza de toros de Cañaveralejo una parte fundamental de la historia taurina colombiana.
El sábado 21 de noviembre, a las 22:35 horas de España (16:35 horas de Colombia), el programa Clarín, de Radio Nacional de España (RNE), dirigido y presentado por Javier Martín Gaitero, abordó la situación de la tauromaquia colombiana en una conversación con el matador de toros Luis Bolívar, vinculado a la empresa Toro Vive.
La intervención merece especial atención porque durante aquella conversación no se anunció oficialmente la cancelación de la Feria Taurina de Cali por parte de Toro Vive. La información expuesta apuntaba a que la decisión se tomaría en las próximas semanas, una vez se conocieran las condiciones jurídicas y administrativas que rodean la celebración de los festejos.
Este matiz resulta fundamental para comprender lo sucedido. Las publicaciones que circularon el sábado, alrededor de las siete de la noche, hora colombiana, generaron la impresión de que la suerte de la feria ya estaba echada. Sin embargo, lo expresado posteriormente en el espacio radial español no contenía una declaración formal de cancelación en los términos de la conversación con Luis Bolívar.
Por tanto, la información difundida por el compañero David Jaramillo debía distinguirse de un pronunciamiento institucional de la empresa. Una publicación periodística puede anticipar, interpretar o comunicar información sobre una decisión, pero la atribución de una determinación empresarial exige identificar con claridad su fuente y su carácter oficial.
La precisión cronológica también importa: la conversación de Clarín tuvo lugar el sábado, no el domingo. Su contenido debe interpretarse dentro del momento en que fue emitida, sin confundirlo con los acontecimientos que se produjeron después.
LAS NOTICIAS POSTERIORES Y EL PANORAMA EMPRESARIAL
La situación, sin embargo, experimentó un nuevo movimiento informativo este domingo 22 de noviembre. El portal taurino ToroLive publicó una noticia en la que afirma que Toro Vive decidió no organizar el ciclo taurino de 2026, ante la imposibilidad de desarrollar los festejos con la estructura completa de la lidia bajo las condiciones normativas vigentes. En el mismo sentido, Tendido7 había difundido el sábado una información sobre la cancelación de la feria.
Es necesario establecer una diferencia periodística: lo expresado por Luis Bolívar durante la emisión del sábado y las informaciones publicadas posteriormente son momentos distintos de una misma controversia. No sería correcto modificar retrospectivamente el contenido de la entrevista para hacerle decir lo que no anunció.
En las consultas realizadas, el portal oficial de Toro Vive todavía presenta contenidos promocionales de la próxima Feria de Cali. No obstante, ese material, por sí solo, tampoco permite confirmar que la empresa mantenga su programación.
Por ello, resulta necesario contar con un comunicado empresarial inequívoco que precise la determinación adoptada, sus fundamentos y sus consecuencias para los aficionados y los profesionales contratados.
Lo que está en juego no es un simple ajuste de calendario. La organización de una feria requiere contratación de toreros, selección y adquisición de encierros, transporte de las reses, logística, permisos, seguros y garantías administrativas. Una decisión de esta naturaleza compromete una estructura empresarial y laboral considerable.
EL CONSEJO DE ESTADO, UNA INSTANCIA DETERMINANTE
El trasfondo jurídico constituye uno de los elementos centrales de esta controversia. El Decreto 0703 del 7 de julio de 2026 reglamentó las condiciones para la celebración de espectáculos taurinos durante el periodo de transición establecido en la Ley 2385 de 2024. Sus disposiciones introdujeron restricciones que afectan directamente la estructura tradicional de los festejos.
Contra varios de sus apartados se presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, promovida por el abogado Felipe Negret Mosquera. La Sección Primera admitió la demanda mediante providencia del 28 de agosto de 2026, bajo el radicado 11001-03-24-000-2026-00322-00. También dio traslado a las autoridades demandadas para que se pronunciaran sobre la solicitud de suspensión provisional.
Conviene precisar que la admisión de la demanda no significa que el alto tribunal haya declarado la nulidad del decreto ni que haya concedido la suspensión provisional. Se trata de actuaciones procesales diferentes y su desenlace debe ser respetado.
El pronunciamiento judicial sobre la medida cautelar y, posteriormente, sobre el fondo del proceso, tiene especial importancia para el futuro de la actividad taurina durante el periodo transitorio.
La dificultad para los organizadores radica en que una corrida de toros no se reduce a la presencia del matador, los subalternos y el toro en el ruedo. Su estructura técnica comprende los tres tercios de la lidia: varas, banderillas y muleta, además de la suerte suprema, con las características propias de cada modalidad.
Cuando las disposiciones reglamentarias impiden desarrollar la lidia conforme a su estructura tradicional, la viabilidad artística, técnica y empresarial de una corrida queda seriamente comprometida.
De ahí que la situación de Cañaveralejo no pueda analizarse exclusivamente desde el calendario de la Feria de Cali. Su futuro también depende de la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico.
UNA DECISIÓN GUBERNAMENTAL QUE DEJA INTERROGANTES
Otro acontecimiento que incidió directamente en el panorama taurino fue la publicación y posterior retiro de un proyecto de decreto que pretendía modificar varias disposiciones del Decreto 0703.
El Gobierno Nacional, mediante comunicado del 20 de noviembre, aclaró que el documento había sido publicado prematuramente, que no constituía una decisión presidencial y que no continuaría su trámite. También reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal.
La retirada de ese proyecto cerró, al menos en esa vía administrativa, una posibilidad de modificación de las condiciones que actualmente regulan los festejos.
Aquí surge una reflexión política que no debería pasar inadvertida. Durante los procesos electorales, la libertad, el respeto por la pluralidad y el reconocimiento de las expresiones culturales suelen ocupar un lugar importante en el discurso público. Sin embargo, esos principios deben demostrarse también en el ejercicio del poder, particularmente cuando se trata de sectores minoritarios que defienden tradiciones arraigadas en la historia de una sociedad.
La protección animal es una responsabilidad legítima del Estado y merece atención. Pero el debate democrático también exige escuchar a quienes defienden la tauromaquia, reconocer su existencia y permitir que sus argumentos se tramiten por los cauces institucionales.
La pluralidad no puede convertirse en un principio aplicable únicamente a las expresiones culturales que coinciden con la orientación política de un Gobierno.
La Constitución colombiana reconoce la diversidad cultural y establece garantías para la libertad de expresión y el ejercicio de los derechos. Esos principios deben orientar las decisiones públicas, incluso cuando se trata de manifestaciones que generan controversia social.
No se trata de desconocer la evolución de las normas ni de negar las obligaciones estatales en materia de protección animal. Se trata de exigir coherencia institucional, seguridad jurídica y respeto por los procedimientos democráticos.
CALI NECESITA OPORTUNIDADES PARA LEVANTARSE
Hay otro elemento que hace especialmente dolorosa esta coyuntura: la situación social y económica de Santiago de Cali después del terremoto del 10 de agosto de 2026.
El sismo produjo afectaciones importantes en viviendas, establecimientos comerciales, infraestructura y unidades productivas. La recuperación ha sido desigual y numerosos negocios han tenido que afrontar pérdidas, interrupciones de sus actividades y dificultades para conservar el empleo.
La Cámara de Comercio de Cali, en sus informes especiales sobre las consecuencias del terremoto, identificó 5.289 unidades productivas en el corredor de las comunas 17 y 19. En el grupo de empresas afectadas que fueron evaluadas, el 78,6 % calificó sus daños como graves o críticos.
Estos datos permiten comprender la dimensión del desafío económico que afronta la ciudad.
En ese escenario, la Feria de Cali, en sus distintas expresiones, representa una oportunidad para movilizar el comercio, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el turismo y los servicios.
La actividad taurina también tiene una cadena económica propia. Comprende ganaderías de bravo, mayorales, vaqueros, transportadores, veterinarios, matadores, cuadrillas, empresarios, personal de plaza, trabajadores de logística y numerosos prestadores de servicios.
La eventual ausencia de la Feria Taurina de Cali no afecta únicamente a quienes asisten a los tendidos: repercute sobre una actividad productiva que involucra a trabajadores, empresas y familias.
Nadie puede sostener seriamente que una temporada taurina resolverá por sí sola los problemas económicos que dejó el terremoto. Pero tampoco sería razonable ignorar el aporte que una actividad ferial puede representar para la recuperación comercial y laboral de una ciudad que necesita reactivar sus diferentes sectores.
Cañaveralejo no es solamente un escenario para la lidia. Es parte de la memoria arquitectónica, social y cultural de Cali. Su inauguración, el 28 de diciembre de 1957, marcó el comienzo de una trayectoria que durante 69 años vinculó a la ciudad con las principales figuras del toreo y las ganaderías más representativas de la cabaña brava.
UNA HISTORIA QUE MERECE SER DEFENDIDA CON ARGUMENTOS
La situación actual obliga a mirar más allá de una temporada concreta. Detrás de la tauromaquia existe una cultura ganadera que ha desarrollado durante generaciones la selección del toro bravo, un animal cuya crianza exige conocimiento, inversión, manejo especializado y una concepción particular del campo.
También existe una profesión que demanda preparación, disciplina, conocimiento de los terrenos, interpretación de las condiciones del toro y dominio de la técnica. El matador no se enfrenta simplemente a un animal en el ruedo: debe interpretar su comportamiento, identificar sus condiciones de embestida, medir las distancias, administrar los tiempos y construir una faena con sentido y coherencia.
Ese patrimonio profesional y ganadero forma parte de una tradición que no puede analizarse únicamente desde una controversia coyuntural. La afición taurina tiene derecho a defender su posición, a expresar sus preocupaciones y a exigir que las decisiones institucionales se adopten con respeto por el ordenamiento jurídico. De igual manera, quienes se oponen a esta actividad tienen derecho a manifestar sus argumentos.
La diferencia de opiniones no debería desembocar en la exclusión ni en la descalificación de quienes piensan distinto.
CAÑAVERALEJO, PENDIENTE DE UNA DEFINICIÓN
El momento exige prudencia, rigor informativo y claridad empresarial. La conversación de Luis Bolívar en Clarín, emitida el sábado 21 de noviembre, debe conservar su verdadero significado: en aquella intervención no se anunció formalmente la cancelación de la feria y se habló de una decisión pendiente para las semanas siguientes.
Las noticias publicadas después han introducido un escenario diferente y reportan la decisión de Toro Vive de no organizar el ciclo de 2026. Corresponde, por tanto, que la empresa precise oficialmente su determinación y explique las razones que la sustentan.
Mientras tanto, el proceso ante el Consejo de Estado continúa siendo un asunto de especial trascendencia para el futuro de la tauromaquia colombiana.
Cali tiene motivos para defender sus tradiciones, recuperar su actividad económica y preservar los espacios de encuentro que han formado parte de su identidad. Cañaveralejo merece que su historia sea considerada con seriedad, sin simplificaciones ni decisiones que desconozcan la dimensión cultural, económica y humana de la actividad taurina.
Una feria puede suspenderse; una tradición puede atravesar momentos difíciles, pero la discusión sobre su futuro no debe resolverse mediante rumores, descalificaciones ni interpretaciones anticipadas.
La historia de Cañaveralejo merece rigor, respeto y una respuesta institucional a la altura de su importancia.






















