Columna de opinión: Javier Baquero- Jaba
No nos engañemos: lo que el gobierno de Gustavo Petro ha publicado no es un simple borrador de decreto, es un manifiesto antitaurino disfrazado de regulación. Bajo la apariencia de normas administrativas, se esconde la intención de cercar, limitar y finalmente extinguir la fiesta brava en Colombia, una tradición que la Ley 916 mantiene viva y vigente hasta el último minuto de su existencia.
El texto elaborado por los ministerios de Ambiente y Cultura es una trampa jurídica. Pretende imponer condiciones que ya han sido debatidas en la Corte Constitucional, como la restricción de corridas a municipios con continuidad histórica. Es decir, buscan reinterpretar lo que ya está definido, forzando un retroceso que desconoce la obligatoriedad de la ley.
Más grave aún es el disfraz de “protección animal”. Se exige certificación veterinaria previa, prohibición de elementos tradicionales y requisitos absurdos sobre alimentación y transporte de los toros. ¿De verdad creen que el rito taurino puede sobrevivir convertido en un trámite burocrático? No se trata de proteger, se trata de desnaturalizar la esencia de la tauromaquia hasta volverla impracticable.
Y como si fuera poco, se obliga a destinar un 25% de la publicidad de los festejos a campañas antitaurinas. Es decir, se pretende que quienes defienden la tradición financien la propaganda de quienes buscan destruirla. Una censura encubierta, un atropello cultural sin precedentes.
Lo que está en juego no es solo la fiesta brava, sino el respeto por la ley y por los ciudadanos que aún respaldan esta tradición. El gobierno, incapaz de esperar a que la prohibición entre en vigor, recurre a decretos para imponer su visión ideológica. Es una embestida disfrazada de regulación, un ataque directo a la cultura y a la libertad.
La tauromaquia no se extingue con decretos redactados en escritorios. Se mantiene viva en las plazas, en la memoria de los pueblos, en la fuerza de quienes la defienden. Y mientras la Ley 916 siga vigente, la fiesta brava seguirá siendo parte del patrimonio colombiano, pese a los intentos de quienes buscan borrarla con tinta y argucias.
