Qué pasó tras la sanción de la ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia: demandas, concertaciones y disputas entre toreros y animalistas
A pesar de la sanción de la Ley No Más Ole, el enfrentamiento legal y social entre los toreros y los defensores de los animales continúa generando controversia y mantiene la tensión en el sector
Desde la llegada de los españoles a América en el siglo XV, las corridas de toros fueron incluidas como parte de las celebraciones religiosas y festividades patrias, convirtiéndose en un espectáculo popularizado entre las élites y la población en general.
Con el paso de los años, esta actividad se consolidó como una práctica establecida en el territorio colombiano, dando origen a plazas de toros emblemáticas en regiones como Bogotá, Cali y Manizales, permaneciendo durante mucho tiempo como un símbolo de tradición y prestigio.
Sin embargo, el 22 de julio de 2024 fue uno de los momentos más importantes en la historia de Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara la Ley 2385 de 2024, conocida como “No Más Ole”, normativa que establece la prohibición de las corridas de toros y otras prácticas similares en el país, como las cabalgatas, los toros coleados, las corralejas y las peleas de gallos.
No obstante, decenas de demandas fueron radicadas por representantes del sector, empresarios, toreros, ganaderos y demás integrantes del gremio taurino, al considerar que se le están vulnerando su derecho al trabajo, así como la protección de la diversidad cultural y el patrimonio nacional, restricción al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de expresión y la propiedad privada.
A pesar de ello, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió en septiembre de 2025 ratificar la constitucionalidad de la normativa, al priorizar la protección de los derechos de los animales por encima de la defensa de tradiciones culturales que implican sufrimiento, lo que implicó la desestimación de las acciones impulsadas por los opositores a la prohibición de estas prácticas.
En este sentido, Infobae Colombia consultó a varios representantes del gremio taurino, así como a los impulsores de la normativa prohibicionista en la que defendieron su postura sobre la realización o no de las corridas de toros en Colombia, recalcando que, en medio del periodo de transición, varias ciudades han confirmado la programación de eventos taurinos como es el caso de la Feria de Cali y la Feria de Manizales, respectivamente.
Defensa del gremio taurino
Camilo Medina Rodríguez, gerente de la organización Toros por Bogotá, manifestó a este medio de comunicación que, aunque está vigente el periodo de transición, ha existido desinformación frente a la divulgación de la ley antitaurina.
“Se está empezando a achicar la ganadería y esto ocasionará pérdidas genéticas grandes en el país (…) y lo que se hizo fue una divulgación de la prohibición como tal, y eso ha generado que haya mucha desinformación y a su vez genera que el público piense que no hay los 3 años de transición y que ya de facto este estén prohibidas las corridas de toros”, indicó.
Entre tanto, Alejandro Valencia, representante de la empresa Toro Vive, gestora de la feria taurina en Cali, explicó a Infobae Colombia que pese a la sanción de la normativa, el sector se mantiene vigente y manifestó su optimismo en que se cuentan con las herramientas jurídicas para anular la ley No Más Ole.
“En este año y medio de sanción, el sector taurino ha cambiado poco, más allá de la ansiedad y el temor que pueda generar una ley que prohíbe, pero no da herramientas para saber lo qué vamos a hacer con todas las personas que dependen sus trabajos de la actividad taurina (…) seguimos trabajando porque todavía está permitido y mientras sea permitido, pues seguiremos trabajando en las labores taurinas y en desarrollar una feria para los aficionados y en que los artistas puedan todavía beneficiarse de lo que implica la actividad laboral para ellos”, afirmó el socio de la empresa taurina a este medio de comunicación.
En materia económica, Medina Rodríguez sostuvo que, solo por la suspensión de la actividad en Bogotá, el sector dejaba ganancias superiores a los 2.000 millones de pesos, por lo que indicó que esta cifra podría ser similar a otras ciudades con tradición taurina.
“Bogotá recibía entre 1.500 y 2.000 millones de pesos, y eso solamente por un tema de impuestos al distrito, que consiste en el piso de plaza, el IVA sobre las boletas y demás (…) el sector informal, ya sea los de ropa, comida, revendedores de boletería, parqueaderos y transporte intermunicipal (en el caso de los municipios con tradición) son más de 1.000 millones de pesos por día de corrida”, explicó.
Así mismo, el vocero de la feria caleña recalcó que esta es una actividad que no solo afectaría al gremio sino al comercio formal e informal.
“Podemos hablar de 1.700 empleos indirectos y 1.100 directos, de 170 artistas que perderían su trabajo, sin contar además con 10.000 animales que están en el campo pastando para conservar la genética del toro que también generan una economía en el campo (…) La ley de prohibición impactaría económicamente no solo a las ciudades y a la actividad taurina, impacta directamente a los ganaderos, a las personas que trabajan con estos ganaderos, transportadores que llevan las reses, cantidad de derivadas de lo que podría ser el escenario de no tener toros”, expuso.
Denuncian maltrato y agresiones físicas
De otro lado, Alejandro Valencia denunció en Infobae Colombia que, durante el periodo en el que se ha reglamentado la Ley No más Ole, algunos integrantes del gremio taurino y aficionados han sido agredidos físicamente a las afueras de los escenarios taurinos.
“Más allá de la moral, lo que nos preocupa es que hay agresiones físicas durante las actividades taurinas. Nos agreden, nos escupen, halan el pelo a las mujeres, hacen cordones humanos para impedir el paso y estos cordones humanos luego derivan en provocación a la fuerza pública y en provocación a los aficionados”, mencionó.
Incluso, expuso un caso personal en el que, según él, varios manifestantes contra la fiesta taurina le manifestaron que recibieron sumas económicas o de especie para evitar la realización de este tipo de eventos.
“A título personal, me tomé la tarea de preguntar a unos jóvenes que estaban queriendo arengar un proyecto de marcha y de agresión el día 26 de diciembre de 2024 y abiertamente un muchacho de esos me dijo, “No, es que a nosotros nos dan un monto económico y nos dan el almuerzo para venir a alentar esto” (…) Uno no puede pagarle a una persona para que vaya a generar desorden”, expuso.
Por su parte, Camilo Medina hizo referencia a una protesta ocurrida en 2017 cuando se presentaron altercados entre aficionados y animalistas, en la Plaza de Toros Santa María de Bogotá, hecho que, para él, podrían replicarse una vez entre en vigor la normativa.
“Los políticos que se han encargado de generar este tipo de leyes se refieren a nosotros en malos términos, por ejemplo, de asesinos, torturadores, en fin, una serie de calificativos que obviamente están errados (…) se registraron varios casos de adultos mayores que fueron empujados y agredidos físicamente. En fin, la estigmatización es horrible”, comentó.
Fallas en la reconversión laboral
Frente al periodo de transición laboral para los integrantes del sector taurino, Alejandro Valencia negó tener acercamientos con el Gobierno colombiano. “Ahora sí se puede reconvertir a cualquier persona menos a un torero, y hay recursos para reconvertir personas que han estado delinquiendo, pero no hay presupuesto para conciliar con una actividad que ha sido legal. Aquí nunca se ha cometido un delito, aquí se respeta la ley, aquí se produce economía, aquí se genera trabajo y eso es lo que Gobierno Nacional no ha querido escuchar”, insistió.
Por su parte, Camilo Medina aseveró que, aunque hubo contactos con el Ejecutivo, denuncia que hubo posibles irregularidades para la escogencia de los defensores de la festividad taurina.
“Esa citación fue amañada porque no tuvieron en cuenta todos los sectores, sino que cogieron dos o tres puntualmente, y ellos no tenían el respaldo ni eran representativos para el gremio (…) esa reunión no tuvo pies ni cabeza porque no fijaron absolutamente nada”, recalcó.
Incluso, el líder taurino bogotano manifestó que el Gobierno Petro advirtió sobre falta de presupuesto para ese sector.
“En el Concejo de Manizales, la senadora Esmeralda Hernández, que fue la ponente y autora de la ley, básicamente la respuesta fue muy puntual: ‘No se va a dar reconversión laboral porque el Gobierno nacional no tiene presupuesto para esto’. Y ahí quedamos en el limbo todos los actores”, comentó.
Por último, ambos defensores de la actividad taurina reiteraron el compromiso del gremio para adelantar nuevas demandas que pretendan anular la normativa.
“Ya salió un concepto de la Corte Constitucional favorable, pero siempre hay recursos que se pueden interponer, siempre hay escenarios legales y jurídicos con los que se puede contar y siempre hay entidades de instituciones serias en las que las que podemos respaldar”, puntualizó Alejandro Valencia.
Qué responden los defensores de la Ley No más Ole
Ante las denuncias del gremio taurino, Esmeralda Hernández, senadora del Pacto Histórico y autora de la Ley No más Ole, declaró en Infobae Colombia que la normativa que prohibió las corridas de toros en Colombia se ha convertido en una de las leyes más demandas de la historia de la nación.
“Ocho días después de la sanción del presidente Gustavo Petro, llega la primera demanda que fue una demanda que interpuso el Centro Democrático para tumbar la ley. Y después de esa demanda, llegaron otras 14 demandas, siendo la ley más demandada en la historia de Colombia (…) pero hoy podemos decir que Colombia está libre de espectáculos crueles con animales y que quedan prohibidas las cuatro prácticas de tortura que hoy estaban avaladas como cultura y como espectáculo público en el país”, manifestó la congresista a este medio de comunicación.
De igual manera, Hernández indicó que, pese a que se conoció la sentencia de la Corte Constitucional en la que avaló la ley prohibicionista, aún se desconoce el sentido del fallo, por lo que no se tiene conocimiento si la transición de la actividad iniciaría desde la sanción presidencial o desde el concepto del alto tribunal.
“Nosotros estuvimos todo el año defendiéndonos en la Corte de las demandas, entregando argumentos, pidiendo audiencias, documentos, pruebas, fue un año bien complejo de defensa de la ley”, agregó.
En cuanto al proceso de reconversión laboral del sector taurino, la senadora del Pacto Histórico manifestó que, a diferencia de lo expresado por los representantes taurinos, se instaló una comisión interinstitucional para definir las nuevas labores de aquellos se benefician de estas actividades, pero subrayó que hubo dilataciones por parte de los mismos.
“Ellos se habían negado, dilataron la instalación del comité hasta cuando ya definitivamente vieron que era imposible porque tenían la esperanza que la Corte tumbara la ley. Hoy con la ley en firme, pues ya tendremos que avanzar, tendremos que dinamizar todo el proceso de reconversión (…) y lo que buscamos no es que se les impongan las nuevas actividades de reconversión, sino que ellos decidan y construyamos juntos el plan”, explicó.
A su vez, Esmeralda Hernández precisó que, en la actualidad, “no hay un censo o un documento oficial que nos diga ¿Dónde están?, ¿Cuántos son?, ¿a qué se dedican?, ¿si tienen otras actividades o no?, ¿si solo hacen tauromaquia?, etc. (…) y después de que tengamos esa base de datos construida, tendremos que empezar a construir los programas con ellos”
Del mismo modo, la parlamentaria hizo referencia a las actividades taurinas que se realizaran a finales de 2025 y a inicios de 2026, específicamente en Cali y Manizales, espectáculos que, según la dirigente, le hace falta una documentación para su realización.
“En este momento, estamos pendientes de que el Ministerio de Cultura, junto con el Ministerio de Ambiente, expida la resolución de reglamentación de las corridas de toros, para ver cómo van a operar o cómo se pueden hacer esas corridas. Está muy pronto a expedirse”, añadió.
En cuanto a las denuncias por agresión física, la senadora del Pacto Histórico expresó que no tiene conocimiento de denuncias de este estilo, y aclaró que, para evitar este tipo de conflictos, envió un mensaje a las alcaldías y gobernaciones para adelantar todas las gestiones frente a la transición de la actividad en el país.
“La verdad no conozco la primera denuncia pública en redes y en ninguna parte de que se hubiese presentado violencia del sector antitaurino, de los defensores de los derechos de los animales contra el sector taurino (…) he invitado a las alcaldías, por ejemplo, al alcalde de Cali y al alcalde de Manizales, a que empiecen la transición y que no esperen a que se vayan los 3 años, porque lo que ellos están haciendo es profundizar en las corridas de toros durante estos años y al contrario, lo que tienen que hacer es empezar a desincentivarlas y empezar empezar a hacer la transición y aprobar con otro tipo de espectáculos”, precisó.
Por último, hizo un mensaje a todos los sectores y administraciones locales para que se adopten las medidas necesarias para desincentivar las corridas de toros en Colombia.
“Hoy la cultura ya no es la cultura de la muerte y de la tortura, sino es la cultura del respeto y la reivindicación de la vida. Hoy ya no son héroes, hoy la gente los ve como los verdugos de los animales, tienen que aceptar que hay un cambio e ir en esa onda (…) yo no soy enemiga de ellos y creo que la ley no tendría éxito ni razón de ser, si la dejamos simplemente en la prohibición y no le ayudamos a esas familias a que a que a que eh transiten hacia otro tipo de actividad, y yo estoy en plena disposición para sentarme a construir el programa para servir de puente”, concluyó.























