La afinidad taurina expresada por el presidente electo Abelardo de la Espriella reaviva la expectativa de las comunidades taurinas. Desde el 7 de agosto, el nuevo Gobierno podría respaldar una prórroga de la transición, promover una reforma legislativa y abrir un debate nacional sobre trabajo, cultura, campo y libertad.
Redacción: Héctor Esnéver Garzón Mora – www.enelcallejon.co/ – Web Aliada
Lenguazaque – Colombia. La frase fue breve, pero en el mundo del toro tuvo el efecto de un clarinazo: Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, manifestó en una entrevista con Eva Rey que le gustan los toros y que, entre las distintas expresiones de la Fiesta, siente especial gusto por el rejoneo.
Para los aficionados, ganaderos, profesionales, empresarios, trabajadores de plaza y familias vinculadas al campo bravo, no se trata únicamente de una preferencia personal. La declaración es leída como una señal de apertura después de años en los que la discusión taurina estuvo marcada por prohibiciones, restricciones locales, incertidumbre jurídica y una creciente distancia entre las decisiones públicas y la realidad de los territorios.
El presidente electo asumirá el 7 de agosto de 2026. Desde entonces, su Gobierno tendrá la posibilidad de impulsar una conversación distinta: una conversación que no parta de la descalificación de quienes defienden la tradición, sino del reconocimiento de que detrás de cada festejo hay una cadena humana, económica, rural y cultural que no puede ser borrada con una simple fecha de cierre.
UNA AFICIÓN QUE HABLA DE LIBERTAD
Cuando un jefe de Estado expresa que le gustan los toros, y particularmente el rejoneo, está hablando de una afición con una técnica propia: caballo, doma, temple, quiebros, banderillas, precisión y riesgo. El rejoneo no es una improvisación; es una disciplina que exige años de preparación, selección de caballos, conocimiento del toro y respeto por una liturgia que ha formado parte de la cultura iberoamericana.
Pero la noticia va más allá del gusto personal. La expectativa está en saber si esa visión se traducirá en una política de Estado que reconozca la pluralidad cultural de Colombia y el derecho de las comunidades a defender sus tradiciones dentro del marco constitucional.
La Ley 2385 de 2024 estableció la prohibición de las corridas y otros espectáculos taurinos después de un periodo de transición que vence en julio de 2027. Durante ese lapso, la ley prevé medidas de reconversión para las personas que dependan económicamente de la actividad. Sin embargo, sectores taurinos y rurales sostienen que la transición ha sido insuficiente, que no existe un censo completo de afectados y que las alternativas ofrecidas no responden a la realidad de ganaderías, plazas, cuadrillas, transportadores, artesanos, veterinarios, músicos, comerciantes y trabajadores informales.
Ese será uno de los primeros retos políticos del nuevo Gobierno: pasar de los anuncios generales a una radiografía real del país taurino.
EL PRESIDENTE NO PUEDE DEROGAR LA LEY SOLO, PERO SÍ PUEDE LIDERAR EL CAMBIO
La Presidencia de la República no puede eliminar por decreto una ley aprobada por el Congreso. Tampoco puede ordenar, por sí sola, que regresen las corridas después de la fecha de prohibición. Esa facultad corresponde al legislador, y cualquier nueva norma tendría que respetar la Constitución y enfrentar un eventual examen de la Corte Constitucional.
Sin embargo, el Gobierno sí puede abrir caminos concretos.
El primero es respaldar una iniciativa legislativa para ampliar el periodo de transición. Una prórroga no tendría que entenderse como una demora indefinida, sino como una medida de responsabilidad frente a familias y territorios que todavía no cuentan con alternativas económicas reales. Para ser seria, esa propuesta debería incluir un censo nacional, presupuesto verificable, programas de empleo y emprendimiento, protección para pequeños ganaderos y trabajadores rurales, y reglas claras para que las autoridades locales no anticipen por vía administrativa una prohibición que la ley fijó para una fecha posterior.
El segundo camino es promover una reforma a la Ley 2385. Esa reforma podría fortalecer la protección de la diversidad cultural, crear un procedimiento uniforme para las autorizaciones durante la transición y exigir que alcaldes y entidades territoriales motiven sus decisiones. También podría establecer mecanismos de seguimiento para que la reconversión no quede reducida a documentos sin ejecución.
El tercer camino, más ambicioso, sería acompañar desde el Gobierno una nueva discusión legislativa sobre la continuidad o recuperación de la tauromaquia bajo una regulación nacional. Esa propuesta tendría que estar sustentada en estudios económicos, culturales, ambientales y laborales, así como en una defensa constitucional sólida. No bastaría con apelar a la nostalgia: sería necesario demostrar qué, protege la tradición, cuántas personas viven de ella, qué ecosistemas rurales se relacionan con la crianza del toro bravo y qué garantías pueden exigirse en materia de regulación.
EL CAMPO BRAVO TAMBIÉN PIDE SER ESCUCHADO
En las dehesas y ganaderías de lidia no solo se cría un toro destinado a una plaza. Se mantiene una actividad rural que requiere tierra, agua, pastos, empleo permanente, conocimiento ganadero y una relación diaria con el territorio.
Para muchas familias, la desaparición de la Fiesta no representa únicamente la pérdida de una tarde de toros. Significa la incertidumbre sobre el futuro de fincas, hierros, encastes, caballos, oficios y empleos construidos durante generaciones.
Por eso, la discusión no puede limitarse a la plaza. Debe llegar al campo, a los municipios donde las ferias y fiestas hacen parte de la economía local, a los talleres que confeccionan trajes, a las cuadrillas, a las escuelas de equitación, a los negocios que viven de los festejos y a los trabajadores que no aparecen en los grandes debates de Bogotá.
El reto consiste en demostrar, con cifras y expedientes, que la tradición taurina no es una idea abstracta: es una red de personas concretas que reclaman ser escuchadas.
DEL SECTARISMO AL DEBATE NACIONAL
Durante años, las comunidades taurinas han denunciado decisiones de alcaldías y concejos que, según su posición, restringieron festejos aun cuando existía una regulación nacional que los permitía. Esos antecedentes no reemplazan el debate actual ni invalidan por sí mismos la Ley 2385, pero sí alimentan una pregunta legítima: ¿puede una democracia plural resolver una controversia cultural cerrando la puerta a una comunidad sin ofrecerle una transición comprobable y justa?
La respuesta del nuevo Gobierno deberá ser institucional. No se trata de imponer una afición desde el poder ni de desconocer a quienes rechazan la tauromaquia. Se trata de garantizar que el Estado no trate como enemigos a ciudadanos que ejercieron una actividad regulada durante décadas y que hoy piden respeto por su trabajo, su cultura y su futuro.
La declaración de Abelardo de la Espriella sobre los toros y el rejoneo abre una expectativa. La tarea ahora corresponde a las organizaciones taurinas, ganaderas, culturales y rurales: construir una propuesta seria, unificada y técnicamente sustentada para presentarla ante el Gobierno y el Congreso.
Habrá que trabajar, documentar, convencer y asumir riesgos políticos. La esperanza no reemplaza una ley, pero puede impulsar una agenda. Y, para el toreo colombiano, la posibilidad de contar con un Presidente que no sea hostil a la tradición puede ser el primer paso para que el debate vuelva a darse con libertad, argumentos y respeto.
